El problema habitacional

Desde los años ‘70, nuestro país atraviesa una profunda crisis respecto del acceso a la ciudad. Es una crisis que lleva varias décadas de manifestación y pocos intentos de solución global y efectiva, que garantice el derecho de acceso al suelo urbano y ponga un freno a la ocupación informal. En entrevista exclusiva con el arquitecto Raúl Fernández Wagner -especialista en materia de políticas de vivienda, mercados del suelo y desarrollo local-, repasamos el problema habitacional actual argentino y las acciones que lleva adelante el Movimiento por la Reforma Urbana.

Raúl Fernández Wagner es uno de los principales referentes en políticas habitacionales en Latinoamérica. Egresado de la Universidad de Mar del Plata y especialista en Tecnología de la Vivienda (Instituto Pesquisas Tecnológicas-SP-Brasil) y Candidato a Doctor en Vivienda y Urbanismo (Architectural Association Graduate School-Londres), ha dedicado la mayor parte de su actividad profesional al análisis de la temática desde un enfoque integrador que no concibe la cuestión inmobiliaria como algo independiente del contexto político y social.
Situado en una postura fuertemente crítica respecto de la evolución política y económica que signó la Argentina desde 1976 a la fecha, el arquitecto cree que la tesitura en este período fue la falta de planificación y la intención de dejar en manos del mercado la asignación de los recursos habitacionales.

A la luz de la crisis financiera actual, que tuvo a su vez origen en la especulación inmobiliaria, el experto cree que no hay duda de que el modelo imperante se ha revelado incapaz de dar soluciones a las capas de ingresos medios y bajos de la población y que por consiguiente ya es hora de cambiar de paradigma.

¿Qué políticas se dirigieron a los sectores medios respecto del acceso al suelo y la vivienda, y cuál es la situación actual de estos sectores?

Los sectores medios y medios bajos en Argentina desde 1946 hasta 1976 vivieron un proceso que otorgó posibilidades de integración social y urbana, gracias a la política pública (estado del bienestar y modos de salario indirecto) y ciertas facilidades del mercado para el desarrollo de la economía popular. Un solo ejemplo: el Banco Hipotecario Nacional otorgó 390.000 créditos a estos sectores entre 1947 y 1957, es decir que abarcó al 10% de la población de entonces, pero si se cuentan los hogares con necesidades de viviendas nuevas, se llegó a cubrir el 18% de la demanda en solo 11 años.

Esto hoy no existe. El crédito es caro y restringido al sector ABC1 (apenas el 20% más rico de la población), no existe una política de suelos ni seguimiento ni control público de la dinámica del mercado de suelos y de inmuebles. No se pena con impuestos la vacancia ni la especulación.

En forma complementaria, el Estado judicializa el conflicto social y urbano que tiene lugar en torno a las condiciones en que se accede a la ciudad (mayoritariamente, del sector informal), como denota el aumento exponencial de los desalojos. En los 90, dos procesos clave profundizaron el problema de acceso a la ciudad, configurando un territorio segregado y fragmentado: la privatización de los servicios urbanos y la “suburbanización de las elites”, asociada a una nueva lógica de construcción de la ciudad.

En esa línea, ¿cuál es la política urbana y habitacional predominante y qué conflictos genera en relación a ese “derecho a la ciudad”?

Efectivamente, al fin de los loteos populares de los años ‘80 se le sumó en los ‘90 un proceso de encarecimiento del suelo en la periferia por las demandas de las urbanizaciones de las elites, que coincidió con la pauperización de la clase media y el aumento de la pobreza estructural.

Ello definió el escenario actual, donde no existe suelo accesible para más de dos tercios de la población. Población que sufre hacinamiento familiar (o allegamiento) y/o su única posibilidad de acceso a un espacio donde habitar es a través del mercado informal, el cual abarca desde loteos que se producen informalmente, ocupaciones, aumento de villas y asentamientos existentes, alquileres de cuartos en villas, casas tomadas, inquilinatos.

El Estado no ha formulado políticas en los últimos veinte años que retrotraigan estos procesos tanto sobre el mercado del suelo como sobre el mercado de materiales, viviendas vacantes, alquileres y/o crédito.

Mientras tanto, solamente construye viviendas “llave en mano” asociado a las empresas constructoras.

Esta estrecha actuación pública en lugar de resolver el problema genera nuevos. Diariamente, los medios dan cuenta de severos conflictos con tomas de tierras,los desalojos, los abusos en los alquileres, el crecimiento en las villas, los problemas ambientales en los asentamientos.

Ante la ausencia de políticas públicas dirigidas al mercado del suelo, ¿cómo surge y qué es lo que está postulando el Movimiento por la Reforma Urbana en Argentina?

El Movimiento por la Reforma Urbana (MRU) constituye un amplio colectivo integrado por organizaciones de base y barriales, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, universidades públicas, organismos de estado en diferentes niveles, parlamentarios y organismos internacionales de hábitat y derechos.

El objetivo principal es contribuir al afianzamiento de la democracia propiciando una reforma del orden jurídico a fin de fortalecer una intervención pública en los procesos de uso, ocupación y parcelamiento del suelo urbano, lo cual será posible a través de la promoción de una reforma urbana comprometida con principios de inclusión socio-espacial y sustentabilidad ambiental.

El trabajo del MRU parte de la dolorosa constatación que el actual orden jurídico produce ciudades más injustas, con espacios de segregación y reproducción de la ilegalidad urbana, a causa del incentivo a la retención especulativa del suelo urbano, la degradación ambiental, los daños al patrimonio cultural, lo cual acelera la producción de asentamientos informales, esencialmente precarios.

Es fundamental considerar que la actual legislación privilegia los derechos individuales de propiedad inmobiliaria, subordinando las capacidades del Estado para crear un orden urbanístico que también exprese los intereses colectivos, y las necesidades ambientales.

Si bien nuestro país incorporó a la Constitución la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que en el artículo 21 establece “la función social de la propiedad”, todavía no es considerada en los fallos judiciales ni tampoco en las políticas públicas.

Publicado el 30 de octubre de 2008 en El Cronista Comercial, Suplemento de Arquitectura
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