Las casas en countries, barrios cerrados y zonas exclusivas del Conurbano muestran cercos eléctricos cada vez con mayor frecuencia. Un dispositivo que, dicen sus impulsores, no debería provocar accidentes fatales siempre que estén bien instalados. En simultáneo, crece el número de vigiladores privados, que ya tienen su día, dentro de dos semanas.
Altos muros, rejas, garitas de vigilancia, cámaras remotas, agentes armados, alarmas y reflectores son algunos de los nuevos elementos que comienzan a dominar el paisaje de los barrios elegantes para protegerlos de la delincuencia. Doblando la apuesta, han asomado los cercos eléctricos, comercialmente denominados “barreras psicológicas” o “sistemas disuasivos”.
Mauricio –quien prefiere reservar su apellido– es uno de los vecinos del tradicional barrio de La Horqueta, en San Isidro, que colocó cercos eléctricos en el perímetro de su casa. Se decidió a partir de que unos delincuentes entraran a su domicilio e intentaran robarles las bicicletas de su jardín.
“Si bien el hecho fue sin violencia, y no llegaron a ingresar al interior de la casa, la verdad es que uno se siente muy desprotegido”. Agrega que eran menores, estaban drogados y aunque intervino la policía, no los pudieron detener debido a su minoría de edad.
Antes de difundirse su uso urbano, los cercos eléctricos eran sólo utilizados en áreas rurales para contener al ganado, en grandes predios industriales, en cárceles o en instalaciones militares.
Se trata de sitios donde el acceso o egreso de animales y personas debe ser radicalmente restringido. Sin embargo, su aplicabilidad domiciliaria ha tenido un importante crecimiento en las grandes ciudades.
Según Daniel Banda, secretario de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) y presidente de la empresa de seguridad ProtekSeg, el 82% de los países del continente americano utiliza como protección los “cercos perimetrales energizados”, tal su nombre en la jerga técnica. Y destaca como casos distintivos a las ciudades de San Pablo, Lima, Caracas, Bogotá, México y Santiago de Chile.
Si nuestro país fue hasta ahora una excepción, en el último año, impulsados por el avance de la delincuencia urbana y potenciados por la sensación de desprotección cotidiana, han crecido exponencialmente los pedidos de colocación de cercos eléctricos tanto en countries y barrios cerrados, como en clubes deportivos, fábricas y hasta en casas particulares. Con todo, resulta contradictorio que esta práctica ya instalada no esté regulada. Su correcta instalación se debería ajustar a la normativa del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, con la obligatoriedad de cumplir con las normas de la Comisión Internacional de Energía (IEC) para instalaciones eléctricas. Sin embargo, el Registro Nacional de Armas (RENAR), que es el organismo que entiende en el tema, confirmó la inexistencia de legislación que avale o prohíba la utilización de cercos eléctricos en áreas urbanas.
El cerco, dice Banda, si está bien instalado “patea, pero no mata”: muchas dudas presentan los usuarios porque suelen confundir la electrificación del alambre con la instalación de un sistema de cercos electrizados, cuyo alcance es apenas intimidatorio dado que genera una breve y controlada descarga energética. Cumple la función de disuadir.
Técnicamente, el sistema consiste en un tendido de alambres en cuatro a seis hileras sobre muros, rejas, balcones o medianeras. Los alambres se conectan a un generador de pulsos de alta tensión, alimentado por una corriente alterna de 220 V. A través de un transformador se convierten los 220 V a 12 V, y se mantiene activado el circuito con una batería para casos de corte de energía. La descarga recibida consiste en un shock eléctrico de alto voltaje y bajo amperaje, evitando de este modo, que quien lo toque quede “pegado” o sufra heridas. El micropulso que se genera al contacto causa dolor pero no riesgos sobre la salud del intruso. En correctas condiciones de instalación, dicen quienes lo comercializan, el sistema detecta la “preintrusión” e inhibe la violación.
Sin embargo, a medida que esta práctica se difunde, los accidentes se suceden. Muchas veces, los propietarios conectan el cerco directamente a la red eléctrica de 220 V y allí cualquier contacto es fatal. Ha habido varios accidentes. El último conocido fue el 21 de enero en Concordia, Entre Ríos, donde falleció una nena de 4 años. En tanto no se encuentre regulado, el tema es un problema a resolver por la Justicia.
Para el arquitecto Ramón Rojo, especialista en normativa edilicia, como en general los cercos se colocan en viviendas ya construidas, nunca se presentan planos municipales que avalen la instalación. Y al no existir un control por parte del Estado sobre el tema, se produce un mero acto de buena fe: como sociedad, suponemos que se colocará bien, que lo hará un personal idóneo, que el producto es competente y que la instalación eléctrica domiciliaria se encuentra en óptimas condiciones.
Mauricio, el vecino de La Horqueta, se asesoró sobre el funcionamiento y la legalidad del sistema e instaló los cercos con una empresa especializada, la que también le brinda un servicio de aviso en caso de violación del perímetro. “Uno nunca está seguro, pero este sistema nos da mucha más tranquilidad”, dice.
Hasta demostrar inocencia
Como método de seguridad, además de novedoso, el cerco ofrece un interés diferencial: su bajo costo frente a otros sistemas mucho más onerosos y no menos eficientes, ya que electrificar el perímetro de una vivienda pequeña cuesta menos de 6 mil pesos. Según Banda, colocar de cuatro a seis hilos de montaje sobre un paredón cuesta entre 65 y 90 pesos por metro lineal de cerco eléctrico. Una vez en funcionamiento, tienen el consumo energético de una lámpara pequeña.
En tanto se consolida la tendencia a instalar cercos eléctricos, el abogado Guido Ingrassia –especializado en Derecho tributario– asegura que dado que los cercos dan cuenta de una mayor capacidad contributiva por parte de los propietarios, éstos podrían ser alcanzados en proporción por los impuestos correspondientes. Para tal fin, debiera reconocerse un apartado para cercos en las declaraciones de mejoras a inmuebles, tal como se hace con diferentes tipos de techos o de pisos. En el Conurbano bonaerense, el paisaje suburbano de barrios tradicionales de San Isidro –por ejemplo– da cuenta de una utilización profusa e indiscriminada de este nuevo producto “disuasorio”. Junto a las garitas de vigilancia y a los agentes uniformados, hoy conviven los cercos electrificados, alentados por una perniciosa y creciente sensación de miedo en la sociedad. La respuesta improvisada a esa falsa seguridad promovida –para Ramón Rojo– no es el miedo, sino la contención del problema a partir de una política de inclusión social. Lo cierto es que los cercos eléctricos como sistemas disuasivos parecen haber llegado para quedarse. Si bien por un lado hay empresas que los instalan a bajo costo y que garantizan su eficiencia, existe un enorme vacío en materia de regulación y de control que abre el juego a las improvisaciones. Y en el fondo de la cuestión, el cerco eléctrico ha tenido la habilidad de colocar –sin prejuicios– un espejo en el que la sociedad se mire y acreditar su rumbo.
Dos vigiladores por cada policía
Un récord de 230 mil agentes de seguridad privada festejarán el 25 de abril el Día del Vigilador, festividad que demuestra el inmenso mercado del que forman parte y que toma cada año más impulso en la Argentina. El aumento de los hechos delictivos o una más intensa “sensación” de inseguridad, según define el Gobierno, genera un crecimiento en la contratación de agentes y la venta de alarmas, chalecos, armas, cámaras y circuitos cerrados de TV, reportaron a PERFIL fuentes de la industria. Según la Cámara de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), hay registradas en el país un millar de firmas que emplean a unas 150 mil personas. Estima, sin embargo, que sumando a la actividad informal, hay unos 230 mil agentes privados, es decir dos por cada policía. Este año la facturación del sector podría superar los 4 mil millones de pesos, la mayoría por trabajos en Capital y Gran Buenos Aires, donde existen unos 600 barrios cerrados, su principal negocio. “No sólo aumenta (la cantidad de agentes) porque estamos en Argentina, sino que es una tendencia mundial; de hecho Prosegur y Securitas son de origen sueco; el mercado también crece por renovación tecnológica”, explicaron a PERFIL desde una firma argentina. Añade que existen hoy nuevos chalecos antibalas más resistentes y livianos, detectores especiales y sistemas de seguimiento satelital que hacen crecer el mercado entre un 10 y un 20 por ciento anual desde hace siete años.
Publicado el 10 de abril de 2010 en Diario Perfil, sección El Observador.
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